Análisis Sentencia T-920/12

IDENTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA
Corporación: Corte Constitucional
Número de la sentencia: Sentencia T-920/12
Fecha de la sentencia: 9 de Noviembre de 2012
Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla
HECHOS RELEVANTES
Acontecer fáctico: HECHO PRIMERO: El accionante, quien es abogado litigante, acudió el día 19 de agosto de 2011 a la sede del despacho judicial ahora accionado y solicitó el expediente de una acción de tutela  que para entonces se tramitaba ante aquél. Señala que fue atendido por el titular del despacho, quien verbalmente le informó que dado que él no era parte ni apoderado dentro de ese proceso, no era posible permitirle conocer el expediente.

Según informó, el juez accionado invocó como fundamento de su negativa el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sobre el trámite de las acciones de tutela, mientras que el actor citó el artículo 26 del Decreto 196 de 1971, según el cual los expedientes y actuaciones judiciales pueden ser examinados, entre otros (letra b), por los abogados inscritos, desde que todas las partes hayan sido notificadas y no exista reserva legal sobre el caso del que se trata.

HECHO SEGUNDO: Indicó que al no poder tener acceso al expediente solicitado, el día 22 de agosto del mismo año radicó en el despacho accionado un derecho de petición, en el que solicitó que se le explicaran por escrito, las razones legales y/o constitucionales que impedían lo solicitado. Anotó que a la fecha de presentación de su acción de tutela no se le había notificada respuesta a esta solicitud que cumpla con los requisitos de ser precisa, congruente, oportuna y de fondo con respecto a lo solicitado, lo que vulnera su derecho fundamental de petición, pues si bien recibió del juzgado una respuesta fechada el 13 de septiembre del mismo año, considera que la misma no es precisa ni completa, por lo que no satisface esos requisitos constitucionales.

HECHO TERCERO: Señaló que la negativa del despacho accionado vulnera sus derechos a la igualdad, al trabajo y a acceder a la administración de justicia, pues ello le ha impedido conocer la argumentación de una compañía aseguradora en relación con un tema específico que tendría gran incidencia para su actividad profesional habitual.

ASPECTO JURÍDICO
Derechos objeto de debate: ·         Derecho de petición.

·         Derecho a la igualdad.

·         Derecho al trabajo.

PARTES
Accionante: Mauricio Segura Pérez

Accionado: Juzgado 1° Penal Municipal de Cartagena.

PROBLEMA JURÍDICO
¿El juzgado 1° Penal Municipal de Cartagena, vulneró los derechos fundamentales de petición, igualdad y trabajo al señor Mauricio Segura Pérez, al negarle la posibilidad de consultar el expediente contentivo de una acción de tutela que para la fecha de la solicitud se tramitaba ante su despacho?
TESIS
Juzgado 2° Penal del circuito de Cartagena No.
Tribunal Superior de Cartagena No.
Corte Constitucional No.
EXPLICACIÓN DE LA TESIS
Juzgado 2° Penal del circuito de Cartagena La primera instancia negó la tutela solicita al considerar que el juzgado accionado sí respondió a la solicitud del actor, lo que resulta en la NO violación del derecho de petición. Además, señaló que en el trámite de las tutelas, las personas que no acrediten o no hagan parte de estas no pueden tener acceso a las mismas. También considero que no se había presentado violación del derecho al trabajo, pues las actividades profesionales de una persona no pueden depender de la consulta de un expediente.
Tribunal Superior de Cartagena El ad quem, confirma la sentencia del a quo, estimando que si hubo respuesta a la solicitud del señor abogado por parte del Juzgado 1°Penal Municipal de Cartagena. Señaló que cada autoridad judicial es discrecional en las decisiones que respectan a las solicitudes presentadas por los abogados y ciudadanos, pues los jueces pueden atribuirle reserva legal a un expediente y legitimar o no una solicitud.
Corte Constitucional El órgano de cierre MODIFICA la sentencia del Tribunal superior de Cartagena y el Juzgado 2° Penal del Circuito de Cartagena puesto que no se pueden argumentar la negación de una tutela cuando esta es IMPROCEDENTE, ya que la misma se presentó fuera de un tiempo razonable. Concluyó así la corte, que no se podía negar la tutela pero si debía declararse IMPROCEDENTE por ser extemporal, violando así el principio de inmediatez que caracteriza a esta acción procesal constitucional.
ANÁLISIS CRÍTICO
Es de suponerse que todos los funcionarios de la rama judicial deben, en razón de sus cargos, estar lo suficientemente capacitados para ejercer las funciones que les corresponden por mandato de la ley. El Estado debe procurar los espacios para brindar formación, para así elevar la eficiencia de los servidores judiciales. Sin embargo, siendo el derecho producto del hombre, queda claro que no es un resultado perfecto , por el contrario, la imperfección es un elemento plenamente determinado.

El juez del juzgado 1° Penal Municipal de Cartagena desconoció el artículo 26 del Decreto 196 de 1971 negándole la solicitud al abogado inscrito, pero como si fuera poco, las dos  instancias no revisaron el tiempo prudente que se requiere en la acción de tutela para que esta proceda, haciendo caso omiso al principio de inmediatez que tanto la corte ha reiterado en su jurisprudencia.

Aunque la tutela nunca hubiese prosperado, ya fuera por extemporánea, por no violar derechos fundamentales o por ser una acción no encaminada al interés del accionante, en este proceso se evidencia una plena inobservancia de la ley, este error fue cometido tanto por el abogado como por los jueces de primera y segunda instancia, siendo los tres conocedores de las leyes, defraudando la confianza pública en la buena administración de justicia, la eficacia del derecho y generando inseguridad jurídica.

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