Análisis Sentencia C-496/98

1.    IDENTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA:
1.1 Corporación: Corte Constitucional
1.2 Número de la sentencia: Sentencia C-496/98
1.3 Fecha:  15 de Septiembre de 1998
1.4 Referencia: Expediente D-1979
1.5 Magistrado ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
1.6 Sala de decisión: Sala Plena
2.    ANTECEDENTES
2.1 Hechos jurídicos relevantes: 1.  El Congreso de la República expidió la Ley 35 de 1993, publicada en el Diario Oficial N° 40710; la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial N° 41148 y la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial N° 42156. El Gobierno, por su parte, expidió el Decreto 663 de 1993, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 36 de la Ley 35 de 1993, publicado en el Diario Oficial N° 40710, y el Decreto 1284 de 1994, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 100 de 1993, publicado en el Diario Oficial N° 41405.

 

2. El ciudadano Elson Rafael Rodríguez Beltrán demandó la inconstitucionalidad de los artículos 10 (parcial), 11 (parcial) y 36 (parcial) de la Ley 35 de 1993; 139, numeral 1°, de la Ley 100 de 1993; 256, 262, 273, 278 y 289 del Decreto 663 de 1993; 2 del Decreto 1284 de 1994; y 82 (parcial) de la Ley 222 de 1995, por considerarlos violatorios de los artículos 6, 29, 113, 121, 150 numeral 8, 189, 198 y 211 de la Constitución.

 

3. En el auto admisorio se rechazó la demanda respecto del numeral 2° del artículo 36 de la Ley 35 de 1993, y del numeral 1° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.

 

4. Los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Económico, y los Superintendentes de Sociedades, de Servicios Públicos, Bancario y de Valores presentaron, por intermedio de sus respectivos apoderados, escritos que apoyan la constitucionalidad de las normas acusadas.  El Procurador General de la Nación solicitó a la Corte que declarara la exequibilidad de las normas objeto de control constitucional.

3.    ASPECTOS JURÍDICOS
3.1 Derechos objeto de debate:
4.    IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
4.1 Partes intervinientes: Sujeto activo:  Elson Rafael Rodríguez Beltrán

Sujeto pasivo:  los artículos 10 (parcial), 11 (parcial) y 36 (parcial) de la Ley 35 de 1993; 139, numeral 1°, de la Ley 100 de 1993; 256, 262, 273, 278 y 289 del Decreto 663 de 1993; 2 del Decreto 1284 de 1994; y 82 (parcial) de la Ley 222 de 1995.

5.    PROBLEMA JURÍDICO
5.1Cuestión que la corte plantea: ¿ Los artículos 10 (parcial), 11 (parcial) y 36 (parcial) de la Ley 35 de 1993; 139, numeral 1°, de la Ley 100 de 1993; 256, 262, 273, 278 y 289 del Decreto 663 de 1993; 2 del Decreto 1284 de 1994; y 82 (parcial) de la Ley 222 de 1995 violan los artículos constitucionales 189 numeral 24y 25, 150 numeral 10, 6, 29, 113, 121 y 198 al disponer que es presidente tiene la función de vigilar e inspeccionar  una serie de organizaciones y asuntos que determinar la ley directamente, sin poder utilizar otros principios de la administración pública?
6.    SOPORTE LEGAL
7.1 Normas relevantes para el caso: ·         Ley 100 de 1993

·         Decreto 663 de 1993.

·         Decreto 1284 de 1994.

·         Ley 222 de 1995.

·         La constitución política de 1991 .

7.    DECISIÓN DE LA CORTE
7.1 Resuelve:
  • Primero: Declarar, en relación con los cargos analizados en la presente sentencia, la constitucionalidad de las siguientes frases, contenidas en el artículo 10 de la Ley 35 de 1993.
  • Segundo: Declarar la exequibilidad de los dos incisos iniciales del artículo 11 de la Ley 35 de 1993.

 

  • Tercero: Declarar  la exequibilidad de los artículos 256 y 278, así como de los primeros incisos de los artículos 262, 273 y 289 del Decreto 663 de 1993.

 

  • Cuarto: Declarar  la exequibilidad de las frases “por conducto de la Superintendencia de Sociedades” y “También ejercerá inspección y vigilancia sobre otras entidades que determine la ley”, contenidas en el artículo 82 de la Ley 222 de 1995.

 

  • Quinto: Declarar la exequibilidad del artículo 2 del Decreto 1284 de 1994, que modificó el literal a) del numeral 2 del artículo 1° del Decreto 2359 de 1993, incorporado al literal a) del numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
8.    SALVAMENTO DE VOTO
8.1   Argumento MAGISTRADO PONENTE: José Gregorio Hernández Galindo

VOTO:  No-parcial-

ARGUMENTO: cosa juzgada constitucional. La Corte, mediante Sentencia C-252 de 1994, declaró la exequibilidad del Decreto 663 de 1993, en su totalidad, con la única salvedad de los numerales 1 a 9 de su artículo 335, que fueron declarados inexequibles.

9.    RATIO DECIENDI
8.1 Argumentos de la corte: ·         El artículo 209 de la Constitución define los principios que rigen la función administrativa, distinguiendo entre principios finalísticos (servir a los intereses generales), funcionales (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) y organizacionales (descentralización, delegación y desconcentración)

·         únicamente son desconcentrables las funciones que ejerce el Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa, aun cuando con la aclaración de que el control y orientación de dichas actividades debe permanecer en cabeza del Presidente, cuando se trate de competencias constitucionales.

·         La delegación es un instrumento del manejo estatal al cual puede legítimamente apelar el Presidente y se justifica en términos de eficacia, celeridad y desconcentración del poder.

·         El Congreso es el órgano encargado de señalar las pautas que regirán las labores de inspección, vigilancia y control sobre las actividades a las que aluden los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Carta. Ello se realizará a través de leyes marco.

·         Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no ostenta la calidad de código

·         Función de vigilancia, inspección y control es compartida entre el congreso y el presidente, artículos 150 y 189 de la C.N.

·         La Superintendencia de sociedades ejerce inspección, control y vigilancia sobre sociedades de factoring y el control estatal es realizado por la entidad que escoja el legislador.

·         Las sociedades de factoring no captan ahorros públicos y, en consecuencia, no requieren de la vigilancia especializada de la Superintendencia Bancaria.

9.1 Recorrido jurisprudencial de la corte sobre el asunto en cuestión:
  • sentencia C-315 de 1995:  fijó las funciones atribuidas al Gobierno que pueden ser delegadas por el Presidente.
  • sentencia C-214 de 1994:  la Corte encontró constitucional que el Presidente de la República encargara a cualquier persona la realización de conversaciones con los grupos guerrilleros, pero estableció que nadie podía iniciar diálogos sin contar con su anuencia.
  • Sentencia T-024 de 1996: la Corporación precisó las diferencias entre las figuras de la desconcentración y la delegación.
  • La sentencia C-485 de 1993: en la que se declaró contrario a la Carta la asignación de competencias autónomas y permanentes, en materia internacional, a la Junta Directiva del Banco de la República
10. ANÁLISIS CRÍTICO
10.1 Posición intelectual: Los artículos 150 y 189 de la C.N en sus numerales 19 y 24,25 y 26 respectivamente, expresan la responsabilidad que tiene el congreso y el presidente en la inspección, control y vigilancia sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo sobre las instituciones de utilidad común, cooperativas y sociedades comerciales.

La corte se ha pronunciado y determinó que la responsabilidad era compartida entre el legislativo y el ejecutivo, por tanto, debían utilizar un medio propicio que les permitiera la coordinación funcional, así que se establecieron las leyes marco para regular estos asuntos. Como el presidente está actuando como suprema autoridad administrativa, cada vez que ejerce la función de control, inspección y vigilancia, él puede desconcentrar esta función sobre organismos que pertenezcan al mismo ejecutivo como son las superintendencias y los departamentos administrativos.

La razón que alega el demandante no tiene asidero constitucional, porque todas la ley ha establecido cuáles funciones puede o no delegar el presidente, así como las que puede desconcentrar en virtud de ser el jefe de gobierno, de estado y suprema autoridad administrativa, de allí que el fallo que la corte profirió declara la constitucionalidad y exequibilidad en todo, negando todas las pretensiones de la demanda.

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