Analisis Sentencia C-251/02

  1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA:
1.1 Corporación: Corte Constitucional.
1.2 Número de la sentencia: Sentencia C-251/02
1.3 Fecha: 11 de Abril de 2002.
1.4 Referencia: Expedientes D-3720 y  D-3722.
1.5 Magistrado ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett y Dra. Clara Inés Vargas Hernández
1.6 Sala de decisión: Sala Plena
  1. ANTECEDENTES
2.1 Hechos jurídicos relevantes: HECHO PRIMERO: El ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la inexequibilidad total de la Ley 684 de 2001, y en especial de los artículos: 50, 54 inc. final, 57, 58, 59, 60, 62 y 72, además de los parágrafos de los artículos 38 y 57.

 

HECHO SEGUNDO: Juan Carlos Botero Ospina, obrando en su calidad de ciudadano como en su condición de Defensor del Pueblo (E), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó por su parte la inexequibilidad de los artículos 3, 6, 13, 20 a) parcial, 25, 38, 42, 54, 55 parcial, 58 parcial, 59, 60 parcial y 62 de la Ley 684 de 2001.

 

HECHO TERCERO: la Sala Plena resolvió acumular los expedientes D-3720 y  D-3722.

 

HECHO CUARTO: el magistrado Rodrigo Escobar Gil,  admitió las demandas y dio traslado a las entidades competentes.

 

  1. ASPECTOS JURÍDICOS
3.1 Derechos objeto de debate: ·         Derechos y principios constitucionales:

Ø  Principio de separación de poderes

Ø  Principio de supremacía del poder civil sobre el militar

Ø  Principio de dirección presidencial de la Fuerza Pública.

Ø  Principio de la autonomía de la sociedad civil y del pluralismo.

Ø  Principio de exclusividad de la Fuerza Pública y de sus funciones de garante.

Ø  Principio de la reserva legal en materia de derechos y deberes constitucionales.

Ø  Principio de distinción del derecho internacional humanitario.

  1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
4.1 Partes intervinientes: Sujeto activo: Carlos Alberto Maya Restrepo y Juan Carlos Botero Ospina.

Sujeto pasivo: la Ley 684 de 2001, y sus artículos 3, 6, 13, 20 literal a), 25, 38, 42, 50, 54, 55 (parcial), 57 parágrafo, 58 (parcial), 59, 60, 62 y 72.

  1. PROBLEMA JURÍDICO
5.1Cuestión que la corte plantea: ¿La ley de seguridad y defensa nacional, la ley 684 de 2001, viola los principios de la constitución política de Colombia?
  1. SOPORTE LEGAL
7.1 Normas relevantes para el caso: ·         La constitución política.

·         La ley 684 de 2001.

·         Los tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

  1. DECISIÓN DE LA CORTE
7.1 Resuelve: Declarar INEXEQUIBLE la Ley 684 de 2001.
  1. RATIO DECIENDI
8.1 Argumentos de la corte: Ø  La ley acusada está creando un supra poder, controlado por el Gobierno, el llamado poder nacional, el cual tendría la facultad de subordinar a las otras ramas del poder, en todo lo que se refiera al alcance de unos objetivos nacionales.

Ø  El poder nacional, tal y como se encuentra regulado por la ley, choca frontalmente al menos con cuatro principios constitucionales básicos: la separación de poderes, el principio democrático, la supremacía del poder civil sobre el mando militar y la dirección presidencial de las Fuerzas Armadas.

Ø  La ley acusada rompe la división de poderes puesto que subordina las otras ramas del poder al poder nacional, que a su vez se encuentra controlado por el Presidente.

Ø  El poder nacional afecta gravemente el principio de publicidad, pues las autoridades elegidas democráticamente, por lo que el Congreso, los gobernadores, los alcaldes, y en general las autoridades administrativas, no podrán discutir críticamente esos documentos y tendrán que  obedecer.

Ø  Violación de los principios de publicidad y transparencia de las discusiones.

Ø  La presente ley ordena que los más altos mandos de la Fuerza Pública deliberen permanente sobre los desafíos que tiene Colombia en los campos políticos, económicos y sociales, y diseñen estrategias y planes para enfrentar esos retos, desconociendo el mandato constitucional, según el cual en Colombia la Fuerza Pública no es deliberante.

Ø  Los documentos fundamentales que orientan todo el poder nacional son elaborados por los altos comandantes de las Fuerzas Armadas y el Ministro de Defensa, función que debe desarrollar solo el presidente de la república.

Ø  La ley acusada implica entonces una reformulación del concepto de poder, que es incompatible con la Carta.

Ø  La ley 684 de 2001  asocia el poder nacional a la nación, y no al Estado, vinculando a la sociedad civil en la defensa vulnerando el principio internacional y constitucional de distinción.

Ø  La vulneración de la autonomía de la sociedad civil y del pluralismo.

Ø  La ley acusada desconoce la reserva legal en materia de derechos y deberes constitucionales, pues las obligaciones de las personas deben ser concretadas por el Legislador, quien debe precisar no sólo su alcance sino también las eventuales sanciones que pueden ser impuestas.

Ø  La vulneración del principio de exclusividad de la Fuerza Pública y de sus funciones de garante, pues delega cierta responsabilidad en la defensa y seguridad del Estado en la población civil.

Ø  El desconocimiento del principio de distinción del derecho internacional humanitario.

  1. ANÁLISIS CRÍTICO
9.1 Posición intelectual: La constitución política en su artículo 113 expone la tridivisión del poder público, que se constituyó para nuestro sistema jurídico en un pilar constitucional, que de hecho, no es más que una garantía a la república como forma de gobierno y Estado. Ninguna rama del poder puede estar por encima de otro, todas deben ejercer las funcionas que la constituyen y la ley les otorguen, lo que no indica que funcionen de forma independiente, pues también es una obligación la colaboración armónica para cumplir los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

La ley de seguridad y defensa nacional desconocía diversos principios constitucionales, tales como el principio de la separación de poderes, creando un poder superior denominado el poder nacional, que se encontraba en cabeza del presidente. El gobierno también puede influir en las decisiones y aceptaba a la población civil como actores de la defensa del Estado.

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